La crisis política en Indonesia se agudiza tras una serie de manifestaciones que han dejado, hasta el momento, seis muertos y 20 personas desaparecidas, de acuerdo con la Comisión para los Desaparecidos y las Víctimas de la Violencia (KontraS). Los disturbios se extendieron por ciudades como Yakarta, Bandung y Depok, en medio de acusaciones contra la policía por un uso excesivo de la fuerza. El caso más visible que alimentó la indignación fue la difusión de imágenes donde un mototaxista fue arrollado por un vehículo policial.
Parlamentarios retroceden tras presión ciudadana
La presión en las calles obligó al presidente Prabowo Subianto a dar marcha atrás en las medidas que favorecían económicamente a los legisladores. La iniciativa preveía asignar un subsidio de vivienda que multiplicaba casi por diez el salario mínimo de Yakarta, decisión que terminó siendo revertida en medio de un creciente rechazo popular. Sin embargo, la rectificación no logró aplacar la movilización social, que sigue activa con miles de personas exigiendo reformas más profundas.
Los disturbios también alcanzaron edificios estatales. En Makassar, capital de Sulawesi del Sur, una turba incendió el parlamento regional, provocando la muerte de tres personas y dejando varios heridos, algunos de ellos con quemaduras graves. Hechos similares se registraron en Bandung y Surabaya, donde además se tomó una comisaría y se destruyeron vehículos oficiales, lo que refleja el aumento de la tensión entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Aunque el gobierno insiste en que ha escuchado las demandas, la población considera que los cambios son insuficientes. Voces juveniles y adultas coinciden en que la clase política se ha distanciado de la ciudadanía y que la crisis actual evidencia un malestar acumulado por años. Pese al despliegue de militares y francotiradores en Yakarta, el descontento se mantiene vivo, y la sociedad indonesia sigue reclamando transparencia y responsabilidad a sus autoridades.
