El Gobierno del presidente Donald Trump puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para cerca de 80.000 ciudadanos de Honduras y Nicaragua, quienes habían recibido esta medida humanitaria desde 1999, luego del paso devastador del huracán Mitch. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la decisión se hará efectiva en 60 días, ya que considera que las condiciones en ambos países han mejorado lo suficiente para permitir el regreso seguro de sus ciudadanos.
Críticas por condiciones políticas y sociales en Centroamérica
No obstante, organizaciones migrantes y voces de la oposición han cuestionado duramente esta decisión. “Decir que podemos volver no es verdad, no hay condiciones en Nicaragua”, declaró el opositor Gabriel Putoy desde su exilio en Costa Rica, citado por El País. Putoy sostuvo que el verdadero “huracán” que enfrentan los nicaragüenses es el político, en referencia a la represión del régimen de Daniel Ortega, acusado de cometer graves violaciones a los derechos humanos. Desde 2018, más de 600.000 personas han abandonado el país, la mayoría hacia Costa Rica, huyendo de la persecución y la violencia.
La situación en Honduras tampoco es alentadora, según defensores de los migrantes. Lawrence Hintz, representante de la ONG Amigos de Honduras, advirtió que persisten altos niveles de violencia e inseguridad vinculados a las pandillas, además de una severa crisis climática que ha afectado la producción agrícola. “Muchos han tenido que salir como refugiados del cambio climático”, dijo en declaraciones recogidas por El País. Aunque el DHS afirma que Honduras ha superado los efectos del huracán Mitch, críticos argumentan que el país enfrenta nuevos desafíos igual de graves.
Diversas organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de la Florida (FLIC) lamentaron que esta medida “devastará a miles de familias” que llevan décadas residiendo legalmente en EE. UU., aportando al tejido económico y social del país. “En lugar de destruirlos y arrancarlos de raíz, la Administración Trump debería abrir un camino hacia la residencia permanente y la ciudadanía”, señaló FLIC en un comunicado. El DHS también ha anunciado recientemente el fin del TPS para haitianos y venezolanos, aunque algunos de esos procesos enfrentan bloqueos judiciales.