En una edición más de Entre Dudas y Murmuraciones, Víctor Hugo Quijada se refirió a las posibles consecuencias en caso de que se confirme la disolución del Congreso, tras la medida cautelar y demanda de competencia presentada por Pedro Olaechea.
Quijada señaló, sin embargo, que según el artículo 109 del Código Procesal Constitucional, la legitimidad para obrar activa para este tipo de procesos tiene que ser aprobada en caso de un órgano colegiado por el Pleno.
Dado que este ya no existe, serían declarados improcedentes de plano, aunque, con las facultades del Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo, estas instituciones podrían iniciarlo. De darse ello, quedaría consentido el DS declarando la disolución del Congreso.
Además, se daría validez a la convocatoria de elecciones congresales el 2020. Los excongresistas funcionarios y servidores que actuaron posterior a la disolución podrían ser denunciados administrativa y penalmente.
