El abogado penalista Julio Rodríguez señaló a Buenos Días Perú que el Estado peruano no tiene otra opción que otorgar el salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez, luego de que México aceptara su solicitud de asilo político. Sin embargo, advirtió que la decisión del gobierno mexicano “se basa en una calificación errónea”, ya que la exfuncionaria “no es una perseguida política”.
“Nosotros tenemos un acuerdo firmado, el tratado de Caracas, que determina que una vez que el Estado que recibe la solicitud de asilo la califica positivamente, nuestra alternativa como país es ineludiblemente dar el salvoconducto. No hay posibilidad alguna de cuestionarlo. Lo hemos firmado y tenemos que respetarlo, nos guste o no”, precisó Rodríguez a Panamericana Televisión.
El letrado indicó que negar el salvoconducto dañaría la reputación internacional del Perú y generaría un conflicto diplomático mayor. “Cuestionar eso significaría perjudicar a nuestra Cancillería, que tiene una de las reputaciones más altas del mundo”, afirmó.
No obstante, Rodríguez recordó que México calificó como perseguida política a alguien que no lo es, y que su pedido de asilo era parte de un plan premeditado. “Desde el primer momento en que el acto de rebelión se ejecutó, ella buscó asilarse en México. Esto era parte de un plan orquestado”, aseguró.
RESPONSABILIZA AL MINISTERIO PÚBLICO
El penalista responsabilizó al Ministerio Público por la fuga de Chávez, al no haber solicitado a tiempo la prolongación de la prisión preventiva. “Hubo un error garrafal. El fiscal pidió la prolongación cuando ya había vencido el plazo, y por eso el Tribunal Constitucional declaró arbitraria su detención. Estamos ante una fiscalía negligente”, subrayó.
También cuestionó el desempeño del Poder Judicial, al considerar que la sala fue “demasiado concesiva” frente al comportamiento de la ex primera ministra durante su proceso. “Ha tenido una defensa hostil, vulnerando los estándares éticos y de buena fe procesal. Incluso se presentó un documento falso y no se tomaron medidas inmediatas”, detalló.
Respecto al futuro judicial de Betssy Chávez Chino, el abogado advirtió que, una vez fuera del país, no podrá ser condenada mientras esté ausente. “La declaración de contumacia implica que el proceso se archiva provisionalmente respecto a esa persona. Solo se reanuda cuando sea capturada”, explicó.
Además, alertó que actualmente Chávez Chino no tendría orden de captura, lo que le permitiría desplazarse libremente fuera de México. “Si no existe requisitoria, puede irse a cualquier parte del mundo”, señaló.
Finalmente, el letrado advirtió que el caso refleja un patrón de obstrucción y lentitud en el sistema judicial que también podría beneficiar al expresidente Pedro Castillo. “Si el 7 de diciembre no hay condena, Castillo deberá ser puesto en libertad. Eso significaría otro riesgo de fuga, porque, al igual que Chávez, él también intentó asilarse en México”, comentó.
Rodríguez insistió en que ninguno de los exfuncionarios puede considerarse perseguido político, sino procesados por delitos cometidos desde el poder. “Castillo, Torres y Chávez actuaron como una organización criminal. El Estado fue visto como un botín para colocar familiares y allegados. No hay persecución, hay corrupción”, concluyó.
