La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRT), expresó su rechazo al proyecto de ley que penaliza la difusión de información reservada en un proceso penal y con el que se podría sancionar hasta con cuatro años de prisión a quien brinde la información.
El Ejecutivo señaló que, con la ley no solo se penalizaría a los fiscales y abogados que filtrarían información que tenga que ver con autoridades investigadas, sino también a quienes difundan dicha información.
Es por ello que, Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRT) en su calidad de institución representativa de los principales medios de comunicación en el Perú, se pronunció y comunicó lo siguiente:
1.- Nuevamente el Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República, el Primer Ministro y el Ministro de Justicia, amenazan a la libertad de expresión e información en el Perú, habiendo presentado al Congreso de la República, un Proyecto de Ley que castiga penalmente a los jueces, fiscales, policías y otros funcionarios públicos, hasta con 4 años de pena privativa de la libertad, por entregar o facilitar información sobre casos penales que están en etapa de investigación en el Ministerio Público.
2.- Como es evidente, esto ocurre bajo un contexto específico: La investigación preliminar abierta por la Fiscalía de la Nación en contra del señor Pedro Castillo Terrones, por presuntos delitos de corrupción de funcionarios. El señor Castillo Terrones quiere impedir, a toda costa, que la ciudadanía tenga información fidedigna sobre los actos de corrupción que puedan vincularlo directamente con el caso Puente Tarata, las declaraciones del señor Zamir Villaverde y las imputaciones en contra del señor Juan Silva, ex Ministro de Transportes y Comunicaciones, y actual prófugo de la justicia peruana.
3.- El citado proyecto de ley, por lo conocido hasta la fecha, afecta el derecho fundamental de todos los ciudadanos peruanos a recibir información fidedigna e independiente sobre los presuntos delitos de corrupción de funcionarios por los que viene siendo investigado el Presidente de la República y su entorno más cercano. Se trataría de la afectación de un derecho fundamental amparado por nuestra Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que el Estado Peruano es miembro adherente y por tanto forma parte de su legislación nacional.
4.- Este proyecto de ley también constituye una seria amenaza contra la libertad personal de los periodistas e incluso, representantes o directivos de los medios de comunicación que informan a la ciudadanía sobre estos casos de corrupción. Si bien es cierto, se habla de penalizar a los funcionarios que faciliten o entreguen la información, no existe garantía alguna que el periodista, representante o directivo de un medio de comunicación, no vaya a ser procesado ni perseguido punitivamente por informar de estos hechos a la ciudadanía.
5.- De concretarse este intento de mordaza a la libertad de expresión, no dudaremos en denunciar al Estado Peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hacemos votos para que la Comisión de Constitución del Congreso de la República rechace este proyecto de ley, cuya simple concepción, nos da nuevas e inequívocas señales de que el Poder Ejecutivo ignora alevosamente lo que es el Estado de Derecho en una democracia.
