El reciente estado de emergencia decretado por el Gobierno para Lima Metropolitana y el Callao marca el inicio de una nueva etapa en la lucha contra la delincuencia, con la promesa de pasar de una estrategia “defensiva” a una “ofensiva” frente al crimen organizado. La medida, que regirá por 30 días, busca recuperar el control territorial en las zonas más afectadas por la violencia. Sin embargo, los antecedentes no son alentadores: entre 2022 y 2025 se han emitido al menos seis declaratorias similares sin resultados sostenibles, mientras que en Trujillo, donde la emergencia se mantiene desde febrero de 2024, los índices de extorsión y homicidios no han disminuido.
Nuevas medidas: control penitenciario y coordinación interinstitucional
Entre los aspectos novedosos de esta disposición destacan la creación de comités de coordinación para fortalecer el trabajo de inteligencia, fiscalización y comunicación entre las autoridades. Expertos consideran que, si se ejecutan con objetivos claros y metas medibles, estas acciones podrían marcar una diferencia respecto a anteriores experiencias. También se ha dispuesto el control penitenciario, que incluye la restricción de visitas en los penales y el desmontaje de antenas de telecomunicaciones ilegales, como parte del esfuerzo por frenar el crimen que se organiza desde las cárceles.
Otra de las medidas anunciadas es la limitación del traslado de dos personas en una motocicleta, disposición ya aplicada en el pasado pero con escasa efectividad por falta de fiscalización. Asimismo, se ordenará la inmovilización de vehículos con placas adulteradas o documentación irregular. No obstante, la falta de recursos policiales —solo 89 patrulleros operativos en la capital— plantea un serio obstáculo para la aplicación efectiva de estas restricciones.
Analistas en seguridad coinciden en que los estados de emergencia no solucionan las causas estructurales de la delincuencia y, en algunos casos, solo desplazan el problema a otras zonas. Insisten en que la verdadera solución pasa por una planificación integral, inversiones sostenidas y una gestión eficiente de los recursos. De lo contrario, advierten, se corre el riesgo de repetir los mismos errores de los últimos años, en los que la emergencia se ha vuelto la norma sin lograr reducir los niveles de violencia.