Las bandas criminales han comenzado a modificar su estrategia. Desde la entrada en vigencia de la Ley 32330, que permite procesar penalmente a menores de 16 y 17 años por delitos como extorsión y sicariato, las organizaciones delictivas han optado por reclutar adolescentes de 15 años o incluso menos.
Según la Policía Nacional, ocho de cada nueve detenidos por crímenes por encargo serían menores de edad. Estos jóvenes no solo disparan sin titubear, también callan por miedo a represalias. “No dije que me quería salir porque me querían matar”, confesó uno de ellos.
A cambio de cometer un asesinato, los adolescentes reciben apenas mil soles. Sin embargo, algunos ni siquiera llegan a cobrar el monto prometido.
UN PROBLEMA MÁS COMPLEJO QUE LLEVARLOS A LA CÁRCEL
Christian Solano, exdirector del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, explicó que esta tendencia ya se observó en otros países donde se endurecieron las penas juveniles. “El crimen organizado se adapta. Si ahora los de 16 y 17 años pueden ser imputados, entonces buscarán menores de 14 o 15. El problema persiste si no se aborda con prevención”, sostuvo.
Solano también cuestionó las condiciones en las que operan los centros juveniles. Maranguita, por ejemplo, fue construido originalmente como un albergue infantil y no cuenta con la infraestructura adecuada para albergar a menores en conflicto con la ley. “No se ha construido un centro juvenil como tal en el país. Mientras eso no ocurra, las fugas y los problemas de seguridad continuarán”, advirtió.
A esto se suma otro factor crítico: el entorno familiar. Estudios aplicados en centros juveniles revelan que un tercio de los adolescentes privados de libertad provienen de familias con antecedentes delictivos. Otro grupo importante ha sido captado, entrenado y subordinado por bandas criminales.
En ese contexto, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, señaló que la aplicación de la Ley 32330 seguirá vigente mientras el Tribunal Constitucional no disponga lo contrario. Mientras tanto, especialistas insisten en que la lucha contra el sicariato juvenil no se ganará con más castigos, sino con un enfoque preventivo que incluya infraestructura adecuada, intervención familiar y programas sostenidos de reinserción.
