El asesinato de un testigo protegido en el Callao, acribillado con cinco balas, levantó la alarma sobre la seguridad que reciben las personas que se animan a colaborar con la justicia.
Según han dicho los jueces y fiscales, no cuentan con los recursos ni la logística necesaria para desarrollar su trabajo de manera eficiente, esto también afectaría la protección de los testigos protegidos.
Especialistas señalan que las autoridades deben brindarle al testigo protegido protección policial, ocultar su paradero, cambiarlo de domicilio, asignarle un código para preservar su identidad, entre otras medidas.
