En Colombia, la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de ordenar la libertad inmediata de Jesús Santrich, un excomandante de la extinta guerrilla de las FARC pedido en extradición por Estados Unidos señalado de narcotráfico, ha provocado un terremoto político.
Pocos minutos después de que se conociera la decisión del sistema de justicia transicional, el Fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez, presentó su “renuncia irrevocable”.
“Se abrió una puerta falsa para restringir la extradición”, declaró el fiscal al señalar que la sección de revisión del tribunal para la paz adoptó una decisión que “desafía la evidencia aportada por los Estados Unidos y por esta fiscalía”.
Martínez se aseguró de subrayar vehementemente que a su juicio “las pruebas son concluyentes, inequívocas”, y que el dictamen de la JEP “hace trizas la cooperación judicial internacional”. “Ese desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito”, concluyó enfáticamente.
