El Gobierno decretó nuevamente el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por un periodo de 30 días, convirtiéndose en el número 17 en los últimos tres años. La medida, aprobada por el Consejo de Ministros, busca reforzar la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana. El presidente interino José Jerí lideró un megaoperativo sorpresa en una comisaría capitalina, donde cuestionó la falta de presencia del comisario y pidió mantener la alerta máxima.
Medidas restrictivas y cambios en los penales
Entre las principales disposiciones figura la prohibición de que dos adultos circulen en una misma motocicleta, así como la obligación de solicitar permisos para eventos masivos de carácter religioso, cultural o deportivo. En el sistema penitenciario, el personal del INPE será sometido a pruebas de polígrafo para evaluar su confiabilidad. También se ha ordenado un “apagón eléctrico” en las noches dentro de los penales, la destrucción de antenas ilegales y la reducción de las visitas a los internos, que ahora serán semanales o quincenales, según el régimen.
Pese a que no se ha impuesto toque de queda, en las calles de Lima y el Callao se observa confusión. Algunos ciudadanos desconocen los alcances del estado de emergencia y otros creen erróneamente que incluye restricciones de tránsito nocturno. Las fuerzas armadas y la Policía Nacional permanecen desplegadas en las principales avenidas, mientras se exige a los ciudadanos portar siempre su documento de identidad.
En los primeros días de la medida se han reportado diversas intervenciones policiales, incluida la captura de la banda “Los Malditos del Centenario” en el Callao. Sin embargo, los hechos violentos no se han detenido: un policía fue asesinado en Carabayllo, una madre e hija murieron tras resistirse a un asalto, y un obrero resultó baleado. A pesar del refuerzo militar y policial, persiste la sensación de inseguridad en las calles y la incertidumbre sobre la efectividad real de esta nueva declaratoria.
