El anuncio de la presidenta Keiko Fujimori sobre la construcción de dos megapenales en el Perú, inspirados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, generó diversas reacciones entre especialistas. La iniciativa busca incorporar criterios arquitectónicos y operativos del modelo penitenciario impulsado por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, como parte de las medidas del Gobierno para combatir la delincuencia y el crimen organizado.
Al respecto, expertos consideraron que la construcción de nuevas cárceles responde a una necesidad del país debido al hacinamiento que afecta a los establecimientos penitenciarios. Sin embargo, advirtieron que esta inversión debe estar acompañada de una reforma integral del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con el objetivo de garantizar una adecuada administración y evitar que las organizaciones criminales continúen operando desde el interior de los penales.
Por su parte, el expresidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, sostuvo que también es necesario reformar la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. El especialista señaló que las instituciones deben trabajar de manera coordinada para identificar y capturar a los extorsionadores, así como agilizar los procesos judiciales. Asimismo, planteó que los fiscales y jueces formen parte de un trabajo articulado con los equipos policiales para lograr sanciones oportunas contra los responsables de estos delitos.
POSICIONES DIVIDIDAS
La propuesta también generó opiniones divididas entre los ciudadanos. Mientras algunos cuestionaron el elevado costo que implicaría mantener nuevas infraestructuras penitenciarias, otros señalaron que el país necesita una estrategia de largo plazo que no se limite a construir más cárceles y aumentar el número de policías, sino que también priorice la formación de mejores ciudadanos. De esta manera, el principal desafío será evitar que el crimen organizado siga controlando sus actividades desde las prisiones y extendiendo su influencia en las calles.
