Una nueva propuesta legislativa ha encendido la polémica en el Congreso de la República. El parlamentario Luis Cortizo Fontaine presentó un proyecto de ley que plantea permitir que las víctimas de extorsión declaren ante la Sunat los montos pagados a delincuentes, de modo que puedan deducirse del Impuesto a la Renta. Según el congresista, la medida buscaría aliviar la carga económica de quienes son víctimas de amenazas y cobros ilegales; sin embargo, sus detractores aseguran que esta iniciativa abre la puerta a la legalización del crimen.
Empresarios advierten que la norma “premiaría” la extorsión
Distintos gremios empresariales criticaron duramente el planteamiento. Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, calificó el proyecto como una ofensa a las víctimas de la violencia criminal que afecta al sector comercial. “Este tipo de normas no combaten el delito, lo incentivan. Es como legitimar el accionar de los extorsionadores”, señaló.
Por su parte, Martín Ojeda, titular de la Cámara Internacional de Transporte, recordó que su sector ha sido uno de los más golpeados por las amenazas y asesinatos vinculados a mafias del cobro de cupos. “El Congreso debería concentrarse en fortalecer los mecanismos de denuncia anónima y en dotar de más recursos al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Policía Nacional del Perú. Este tipo de leyes no solucionan nada”, remarcó.
Mientras tanto, varios congresistas de distintas bancadas coincidieron en que el proyecto constituye un precedente peligroso, pues implicaría que el Estado reconozca de manera indirecta un delito como gasto deducible. Hasta el cierre de esta edición, el legislador Luis Cordero Jon Tay no respondió a las solicitudes de entrevista para explicar los alcances de su iniciativa.
