La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, inició una huelga de hambre indefinida y anunció que no asistirá más a las audiencias del juicio oral que enfrenta por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, ocurrido en diciembre de 2022.
La medida fue comunicada por su abogado, Raúl Noblecilla, quien detalló que Chávez ha tomado esta decisión tras presentar graves denuncias contra funcionarios del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde se encuentra recluida. Según señaló, dentro del establecimiento penitenciario existiría una presunta organización criminal dedicada a actividades como chantaje sexual, extorsión y sobornos.
INPE SE PRONUNCIA
Sin embargo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó mediante un comunicado que Chávez se negó a asistir a la audiencia judicial del pasado 15 de julio, lo que constituye una falta grave y ha motivado el inicio de un procedimiento disciplinario en su contra.
Para el analista político Iván García, esta acción no es casual, sino una estrategia político-legal. "Busca frenar las audiencias judiciales y al mismo tiempo proyectar una imagen de victimización, tanto en el Perú como ante la comunidad internacional", sostuvo. Añadió que regímenes como los de López Obrador (México) y Gustavo Petro (Colombia) podrían mostrarse sensibles ante este tipo de escenarios, pese al carácter autoritario que, según indicó, encierran este tipo de actos.
