La crisis que atraviesa el Ministerio Público, originada por el conflicto entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, expone un problema mayor: la fragilidad institucional del Estado peruano, donde incluso las más altas autoridades enfrentan investigaciones penales.
En el Ejecutivo, la presidenta Boluarte ha enfrentado hasta siete investigaciones fiscales, entre ellas por su presunta responsabilidad en las muertes durante las protestas de 2022 y 2023, el caso Rolex por presunto enriquecimiento ilícito, y la presunta desactivación irregular del equipo policial de apoyo al Eficcop.
En el Congreso, 67 parlamentarios acumulan un total de 729 denuncias, según cifras recientes. Entre ellos figuran miembros de la actual Mesa Directiva, como Eduardo Salhuana (APP), investigado desde 2015; Patricia Juárez (Fuerza Popular), vinculada al caso de los “doble sueldo”; y Waldemar Cerrón (Perú Libre), investigado por tráfico de influencias. A ellos se suman legisladores implicados en el recorte de sueldos a trabajadores, en viajes con fondos públicos sin justificación, y los conocidos “Niños” del Congreso, acusados de intercambiar votos por favores del gobierno de Pedro Castillo.
ESPECIALISTA OPINA
La exmagistrada del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, advirtió que el cargo de fiscal de la Nación tiene un poder único: es el único funcionario del Estado que puede investigar a autoridades con fuero, como el presidente de la República y los congresistas. Por ello, alertó que si este cargo recae en una persona poco idónea, se corre el riesgo de manipular procesos para favorecer la impunidad o perseguir adversarios políticos.
