La reciente promulgación de la Ley 32330, que permite que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser juzgados como adultos en casos de delitos graves, ha encendido el debate entre el Congreso, entidades defensoras de la niñez y organismos internacionales. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, justificó la medida señalando que el sistema actual es insuficiente para frenar la reincidencia delictiva entre menores.
Sin embargo, la norma ha sido rechazada por varias instituciones. La Defensoría del Pueblo advirtió que esta ley viola la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución peruana y la evidencia científica sobre el desarrollo neurológico en menores de edad.
Según datos del Ministerio del Interior, menos del 2% de los delitos penales son cometidos por adolescentes, una cifra que ha sido utilizada por diversas organizaciones para criticar la desproporcionalidad de la ley.
DEMANDA DE INCOSTITUCIONALIDAD
La Defensoría del Pueblo anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Por su parte, la presidenta del TC, Luz Pacheco, sostuvo que el foco debe estar en desarticular las redes criminales que captan a menores, y no en castigar a estos como si fueran adultos plenamente responsables.
