La reciente modificación a la ley de detención preliminar, que limita su aplicación en casos sin flagrancia, ha generado gran controversia. La propuesta del Ejecutivo de elevar de 4 a 8 años la pena mínima para su uso dejaría fuera 88 delitos como cohecho, minería ilegal, acoso sexual sin violencia y proxenetismo.
El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, alertó sobre las graves consecuencias de esta reforma. "Ya no tenemos detención preliminar en caso de no flagrancia. Es decir, si un asesinato ocurre el domingo, pero encontramos al asesino después, no lo podemos detener. Lo mismo ocurre con delitos graves como extorsión o violación sexual", explicó.
A pesar de que el Congreso intentó restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia, el Ejecutivo observó el proyecto, postergando cualquier cambio hasta el próximo pleno, programado para marzo.
SIN POSIBILIDAD DE DETENCIÓN PRELIMINAR
Valdés también señaló que, bajo esta norma, todos los delitos de corrupción quedarían sin posibilidad de detención preliminar, incluyendo cohecho, colusión y negociación incompatible. "Tengo la impresión de que esta ha sido la motivación principal, porque casos como los de Qali Warma, los que involucran al hermano de la presidenta o todo lo vinculado al Rolex quedarían fuera", sostuvo.
