El gobierno de Dina Boluarte promulgó el pasado miércoles la Ley 32181, que establece que la detención preliminar solo podrá aplicarse en casos flagrantes, limitando su uso a las primeras 48 horas después de la comisión del delito.
Esta medida, que ha suscitado reacciones mixtas en los sectores judiciales, fiscales y del Congreso, modifica el artículo 261 del Código Procesal Penal, que permitía a los magistrados dictar esta medida cautelar en determinadas circunstancias.
REACCIONES DESDE FISCALÍA
El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, se pronunció en contra de la derogación de la detención preliminar, calificando la medida de “contrabando”.
Según Cubas, esta figura legal era esencial para evitar que los acusados de delitos evadieran la justicia. “La prisión preliminar era una medida cautelar cuya finalidad era evitar que personas involucradas en la comisión de delitos, al tener conocimiento de que están siendo investigadas, pudiesen fugar”, argumentó.
Cubas subrayó que la eliminación de la detención preliminar afectará la capacidad de la policía para investigar delitos. “En consecuencia, la policía no podrá investigar a las personas que se dedican a estas actividades ilícitas”, advirtió.
