La Comisión de Justicia del Congreso decidió no tomar en cuenta las observaciones del Ejecutivo respecto a la ley aprobada en el Parlamento que debilita la figura de la colaboración eficaz, ley que fija un plazo de ocho meses para que se concrete el acuerdo de colaboración y que se empieza a computar desde que se recibió la solicitud del aspirante.
La polémica norma fue apoyada por las bancadas de Perú Libre, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Bloque Magisterial, Podemos, Acción Popular y Renovación Popular, todos con figuras políticas investigadas y acusadas de graves delitos como Keiko Fujimori o Vladimir Cerrón, cuyos casos podrían quedar impunes con esta ley.
El plazo inicial de ocho meses se podrá ampliar hasta por cuatro meses más y si se trata de organización criminal, la ampliación puede ser hasta de ocho meses adicionales. Esta nueva norma se aplicará también para investigaciones en curso, por lo que casos emblemáticos como Lava Jato, Cuellos Blancos del Puerto, Dinámicos del Centro, entre otros, están en peligro.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN PELIGRO
Y como si fuera poco, la norma podría poner en peligro la libertad de expresión e información, ya que sanciona al fiscal que revele el contenido de las declaraciones de los colaboradores eficaces, así como la identidad de los mismos.
El Código Penal vigente establece que el que indebidamente revela la identidad de un colaborador eficaz o el contenido de sus declaraciones será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años, pero no se aclara el caso de los periodistas, por ello es que el Ejecutivo indicó que esta nueva norma requería también la modificación del Código Penal, lo que finalmente no se hizo.
