El efímero gobierno del golpista Pedro Castillo no solo será recordado en la historia por haber intentado romper el orden constitucional, sino también por los 300 nombramientos irregulares de funcionarios en diversos ministerios que autorizó el expresidente en solo 17 meses de gestión.
Una grave situación que se revela en el informe elaborado por el Consejo Privado Anticorrupción que para su presidente, Eduardo Herrera, corresponde a un evidente pago de favores.
Algunos de estos cuestionados nombramientos generaron diversas portadas como la de Alberto Falla Avellaneda que fue designado en el gobierno de Pedro Castillo como director del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pese a ser el dueño de la empresa responsable de otorgar fraudulentamente la revisión técnica al camión que explotó y mató a 34 personas en Villa El Salvador.
Daniel Salaverry fue nombrado como presidente del directorio de Petroperú, cargo en el que solo duró 23 días por los cuestionamientos a su falta de experiencia en el rubro.
PRÓFUGO DE LA JUSTICIA
Sin duda otro grave caso es el del prófugo Juan Silva que pese a ser docente de profesión, fue designado ministro de Transportes desde donde habría dirigido junto a Pedro Castillo una organización criminal, según la Fiscalía.
Se trata de intereses políticos y pagos de favores que en el 2021 al Perú le generó una pérdida de más de S/ 24 mil millones por corrupción e inconducta funcional.
Según señalan los especialistas las consecuencias de estas designaciones también las sufren los ciudadanos de menos recursos.
Es una problemática que la Contraloría deberá investigar a detalle para erradicar estas malas prácticas de la gestión pública.
