El Primer Juzgado Constitucional de Lima declaró este jueves 13 de octubre la incompetencia para resolver el recurso de amparo del presidente Pedro Castillo contra el Congreso y elevó la demanda a la Sala Constitucional.
Disposición se fundamenta en la Ley 31583 que establece que las demandas de amparo que se interponen contra decisiones de órganos del Congreso son competencia de “la sala constitucional o, si no lo hubiere, la sala civil de turno de la corte superior de justicia respectiva”.
Ahora, es un colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima la instancia que resolverá el pedido del jefe de Estado para anular el informe final de la Comisión de Fiscalización sobre el caso Sarratea, la acusación constitucional por el presunto delito de traición a la patria y la eventual moción de vacancia promovida por el parlamentario Edward Málaga.
En esencia, el mandatario pide que “se ordene al Congreso de la República a que se abstenga de ejercer control político de manera arbitraria, desproporcionada y anticonstitucional en su contra”.
PRESENTACIÓN DE ACCIÓN DE AMPARO
El abogado Ananías Narro Culque -quien se reunió el martes 11 de octubre con el presidente Pedro Castillo- confirmó a El Comercio que fue él quien presentó la acción de amparo contra el Congreso de la República, que lleva la firma del propio mandatario. A criterio del abogado, el Parlamento “está abusando desmesuradamente de sus facultades”.
Al respecto, Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo, dijo que no forma parte de la demanda de amparo contra el Congreso para que se anulen investigaciones; sin embargo, recordó que la ley establece que este recurso puede ser presentado por cualquier ciudadano.
