El primer ministro, Aníbal Torres, en conferencia de prensa anunció que desde el Ejecutivo presentará un proyecto de ley que penaliza la difusión de información reservada en un proceso penal y podría ser sancionado con cuatro años de prisión.
Con esta ley no solo se penalizaría a los fiscales, abogados, entre otros, que filtrarían información que tenga que ver con autoridades investigadas, sino también a quienes difundan dicha información.
El ministro de Justicia, Félix Chero, explicó que según el Código Penal, dentro de una investigación la información es totalmente reservada que solo lo tendría que manejarlo solo sujetos procesados y los operadores de justicia.