Luego de qué la Contraloría de la República emitiera un informe manifestando que la vicepresidenta Dina Boluarte habría infringido el artículo 126 de la Constitución de la República del Perú, la abogada penalista Rommy Chang, aclaró la situación legal en la que se encontraría la vicepresidenta de la república.
“Si el congreso decide o encuentra que hay indicios de responsabilidad penal, no sólo puede disponer una sanción política a nivel del congreso, si no, incluso podría remitir los actuados al Ministerio Público para que se abra una investigación penal”, señaló Chang.
Como se sabe, la vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra habria sido acusada de infringir el artículo 126 de la carta magna, la que señala que un funcionario no podría ejercer otra función, excepto la legislativa, además de qué no podrían ser gestores de intereses propios o intervenir en la dirección o gestión de empresas privadas, lo que podría tener como consecuencia una sanción en su contra, o incluso la inhabilitación política.
Por lo mismo, Chang manifestó que siendo funcionaria pública ella debió cumplir con los códigos plasmados en la Constitución indiferentemente si fuera en condición de vicepresidenta o ministra.
“Si en alguna de sus labores como funcionaria pública, independientemente si es ministro o vicepresidenta, no actuó respetando respetando la ley, lo lógico es que la inhabilitación sea para ejercer un cargo público”, acotó en entrevista.
SOBRE PEDRO CASTILLO
De la misma manera, la abogada penalista Rommy Chang, aclaró el panorama que tendría el caso Zamir Villaverde en relación al actual mandatario Pedro Castillo.
“La situación del presidente está complicada. El problema es que la investigación en su contra no está avanzando”, señaló Chang, refiriéndose a la acotación que hizo la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, señalando que en su posición como presidente de la República, Castillo no podría ser investigado.
Asimismo, manifestó que el video y los audios presentados por el empresario Zamir Villaverde no serían prueba suficiente de algún delito o acto de corrupción, ya que aunque se escucha una conversación comprometedora, estos no habrían sido corroborados por el Ministerio Público.
“(Villaverde) está buscando algún tipo de acuerdo de colaborador eficaz, para poder conseguir su libertad, que es la única manera de hacerlo”, finalizó.
