El exprocurador Antonio Maldonado explicó en entrevista con 24 Horas Mediodía que, el gobierno debería allanarse a las medidas dictaminadas por el CIDH sobre el indulto que le han otorgado al expresidente Alberto Fujimori.
“Mi enfoque está basado en lo que pueda hacer el gobierno y también lo que están haciendo las víctimas y según tengo entendido ya han solicitado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del consenso de la supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta, unas medidas provisionales”, manifestó el experto.
“Las medidas provisionales son unos recursos que las víctimas o peticionarios pueden presentar ante CIDH, cuando existe una grave vulneración de derechos que no se pueden reparar de otra forma y para buscar una rápida intervención de la corte con el objetivo de revertir esta situación creada por el Tribunal Constitucional”, indico Maldonado.
“En este escenario, al Estado solo le corresponde allanarse a estas medidas y no discutirlas. Lamentablemente en gobiernos anteriores no se ha entendido bien lo que es litigar un caso de derechos humanos ante la CIDH” argumento el exprocurador.
¿Qué debería hacer el Estado?
Ante este problema suscitado el gobierno debe actuar y tomar una decisión de que lado poner ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría poner sanciones contra el Perú
“El estado a través de su procuraduría ya tiene que tomar una decisión, frente a esta solicitud de medidas provisionales lo único que le debería quedar al gobierno es allanarse a las mismas, pero también puede plantear su posición y seria interesante ver que plantea porque claramente la decisión del Tribunal Constitucional es contraria al derecho internacional de los derechos humanos”, dijo Maldonado.
“La Corte Suprema del Perú lo condena por los casos de Barrios Altos y La Cantuta y el expresidente Alberto Fujimori debería salir el 2032 y no el 2022. También otro hecho incontrovertible es que el ex mandatario no se encuentra en un estado terminal grave de salud que habría sido una de las causas para que legítimamente le dieran libertad”, añadió el exprocurador
“En el fundamento 717 de la sentencia se señala que Alberto Fujimori es responsable de asesinato y lesiones graves. En los casos de Barrios Altos y La Cantuta son delitos de lesa humanidad fundamentalmente porque se cometieron en el marco de una política de eliminación selectiva pero sistemática de presuntos integrantes de grupos subversivos. Conforme a sus objetivos afectó a un importante número de personas indefensas a la población civil”, de acuerdo con el abogado.
“Lamentablemente, este caso lo están manejando de la manera más frívola y superficial posible, es un tema tan técnico que ni los abogados lo saben entender porque no toman en cuenta lo que es el ordenamiento jurídico nacional, el derecho internacional público, y los derechos humanos internacionales”, preciso Antonio Maldonado.
“A la CIDH solo le queda un camino, decir que tanto esta decisión del habeas corpus como que este indulto que bajo la normatividad nacional e internacional es un indulto fraudulento, que no corresponde al cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Perú a suscrito y en particular al cumplimiento de las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta, y en ese caso CIDH diría que el estado peruano se encuentra en rebeldía frente a las decisiones de la CIDH”, finalizó el exprocurador.
