A través de un tuit el Ministerio Público (MP) dio a conocer una nueva acusación constitucional contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por los delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal y atentado contra la conservación e identidad del objeto, esto debido a presuntos actos de obstaculización a las acciones del Equipo Especial Lava Jato y de vulneración irregular a las oficinas lacradas en la sede principal de la Fiscalía.
Para conocer más a detalles sobre estas nuevas imputaciones, un equipo de Panamericana Televisión se contactó con Romy Chang, abogada penalista, quien aclaró el panorama.
“El primer delito que es atentado contra la identidad y conservación de objetos apunta a sancionar a todas las personas que destruyan sellos, que destruyan timbres o cualquier marca que fue colocada por una autoridad como por ejemplo como ocurrió en este caso, custodiar un ambiente donde se entiende iban haber pruebas o elementos que sirvieran para acreditar otros delitos”, sostuvo.
Tanto para el delito de encubrimiento personal que se da cuando se sustrae u oculta a una persona que está siendo investigada por algún delito, como para el real, la sanción mínima es de 2 años, mientras que la máxima es de 10 años.
“Hablamos de sustraer a una persona de una investigación de un delito de organización criminal que es lo que estaba investigando el fiscal José Domingo Pérez y es la misma pena que también se da para el delito de encubrimiento real que sanciona a cualquier persona que destruye pruebas o elementos que sirven para acreditar la comisión de un delito”, expresó.
Además, la especialista señaló que en caso el Congreso no autorice las investigaciones contra el ex fiscal de la Nación, las mismas podrían quedar truncas y el Ministerio Público poco o nada podría hacer al respecto.
Como se recuerda Chávarry renunció a su cargo en enero del 2019 tras el escándalo de ‘Los Cuellos Blancos’ y la promulgación de un video en donde se observa que su personal de seguridad ingresa a la oficina del asesor Juan Manuel Duarte, violando los precintos de seguridad del lacrado.
Cabe mencionar que si Comisión de Acusaciones Constitucionales emite un informe favorable este debe ser votado por el pleno del Parlamento.
