Francisco Boza, ex presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y medalla de plata en los Juegos Olímpicos, fue detenido por sus presuntos vínculos con el empresario y exasesor nacionalista, Martín Belaúnde Lossio. El deportista fue trasladado hasta la carceleta del Poder Judicial escoltado por dos agentes de la policía anticorrupción.
La orden de detención llegó a pedido del fiscal supraprovincial Elmer Chire y fue autorizado por el juez Richard Concepción Carhuancho. La principal causa de su arresto es la adjudicación de las obras de ampliación del polideportivo Elías Aguirre al consorcio Chiclayo, formado por el Grupo Ortiz y Antalsis.
Afectada por la situación que atraviesa Francisco Boza, Leyla Chihuán, parlamentaria de Fuerza Popular, pidió a las autoridades judiciales esclarecer la real participación del deportista en este caso.
Mauricio Mulder, ex integrante de la comisión Martín Belaúnde Lossio, fue crítico con la detención de Francisco Boza. Para el parlamentario, esta disposición del Poder Judicial buscaría distraer la atención de los últimos temas de corrupción generados en el entorno del presidencial.
El Ministerio Público ha solicitado cinco años de prisión para el ex presidente del IPD por presuntos delitos de corrupción en el manejo de un presupuesto que le otorgaron al Comité Olímpico Peruano Superior a los dos millones de soles. La acusación penal también incluye a José Carlos Quiñonez Gonzales y al ex presidente de la Federación Deportiva Peruana De Handball, Gustavo del Carpio Aliaga.
