En una decisión que sacude la escena política peruana, el equipo especial Lava Jato ha presentado un pedido de 35 años de cárcel contra Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, por su presunta implicación en el caso Cócteles. La solicitud, hecha pública este miércoles, se basa en acusaciones de lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas electorales entre 2011 y 2016, vinculadas a aportes irregulares de empresas como Odebrecht.
La investigación apunta a que Fujimori habría utilizado eventos sociales, conocidos como "cocteles", para recaudar fondos de manera ilegal, destinándolos a sus campañas presidenciales. El fiscal José Domingo Pérez, a cargo del caso, argumenta que existen pruebas contundentes que vinculan a la excongresista con una red de corrupción que operó durante años, lo que ha generado una fuerte reacción entre sus seguidores y detractores.
Un proceso judicial que redefine el panorama político
La petición incluye también requerimientos contra otros implicados, como su esposo Mark Vito y excolaboradores cercanos, quienes podrían enfrentar penas similares si se confirma su participación. Este desarrollo ocurre en un momento clave, a menos de un año de las próximas elecciones generales, lo que intensifica el debate sobre el futuro de Fujimori y su partido en la política nacional.
Con este pedido de última hora, el sistema judicial peruano enfrenta un nuevo desafío para resolver un caso que ha polarizado a la opinión pública. Las próximas semanas serán cruciales para definir si el caso avanza a juicio oral, mientras las autoridades y la ciudadanía observan de cerca los pasos legales que podrían cambiar el rumbo político del país.
