El juicio oral contra Martín Vizcarra, expresidente del Perú, por el presunto delito de cohecho pasivo, continuó el 26 de diciembre con la declaración de tres testigos que han aportado información crucial sobre el caso.
Entre ellos se encuentran Jorge Iturrizaga Santos, gerente general de la constructora INCOT, Carlos Aranda, exconductor del ministro José Manuel Hernández, y Jaime Salazar, chofer del empresario José Fernando Castillo Dibós.
Según Iturrizaga, en noviembre de 2013, recibió una llamada de Javier Jordán, representante del Consorcio Hospitalario Moquegua, quien le informó que el gerente comercial de ICCGSA, Rafael Granados, fue abordado por funcionarios regionales que exigieron el aporte como condición para otorgar la "no objeción" y firmar el contrato de la obra.
"Me comentó que el presidente regional estaba pidiendo un millón 300 mil para dar la no objeción", relató Iturrizaga, quien expresó su descontento por la solicitud y decidió dejar el asunto en manos de sus colegas tras una reunión con Jordán.
PARTE DE UNA "VENGANZA"
Ante estas acusaciones, Vizcarra se defendió afirmando que las declaraciones en su contra son parte de una "venganza" orquestada por un grupo económico y político que busca desestabilizarlo. "No corroboran nada, un testigo que no diga nada es absolutamente irrelevante", sostuvo el expresidente.
