La propuesta de expulsar a ciudadanos venezolanos en situación irregular enfrenta cuestionamientos por su viabilidad económica y logística. La presidenta Keiko Fujimori sostuvo conversaciones con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para coordinar posibles traslados aéreos y procedimientos de retorno.
La iniciativa contempla evaluar la situación de ciudadanos venezolanos que hayan cometido delitos en el Perú o que se encuentren en condición migratoria irregular. Sin embargo, las autoridades migratorias deberán revisar cada caso para determinar si corresponde aplicar una medida de expulsión.
Traslados demandarían millonario presupuesto
El especialista en extradición James Rodríguez advirtió que expulsar a entre 600.000 y 700.000 venezolanos en situación irregular sería una misión «casi imposible». Según sus estimaciones, se necesitarían entre 2.000 y 2.200 vuelos, con un costo aproximado de 400 millones de dólares.
Por su parte, el excanciller Luis Gonzáles Posada propuso comenzar con los ciudadanos venezolanos que cumplen condenas en cárceles peruanas y planteó un convenio bilateral para que puedan continuar sus sentencias en Venezuela. Además, Rodríguez sostuvo que cualquier medida debe acompañarse de un mayor control fronterizo para evitar nuevos ingresos irregulares.
