El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, abrió un nuevo capítulo en torno a la administración de Machu Picchu, al presentar una demanda constitucional para que el Ejecutivo cumpla la ley de creación del Ministerio de Cultura —vigente desde 2010— que ordena la transferencia de las direcciones culturales a los gobiernos regionales. Sin embargo, dicho plazo venció el 31 de diciembre del año pasado sin concretarse. Salcedo aseguró que no busca autonomía política, sino corregir un “divorcio” entre los ministerios y la realidad de las regiones.
Su iniciativa, sin embargo, generó críticas del sector turismo. El presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, Carlos González, cuestionó la capacidad del gobierno regional para administrar la principal joya turística del país. “Si no pueden cumplir funciones básicas, ¿cómo podemos esperar que sí lo hagan con el turismo?”, expresó en RPP. Además, advirtió que Machu Picchu tiene una importancia nacional, por lo que no puede ser gestionado “desde una óptica regional o política”, y calificó la acción de Salcedo como una movida con fines electorales.
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, también se pronunció, recordando que la potestad sobre Machu Picchu pertenece al Ejecutivo y que cualquier intento por modificarla “debe pasar por una reforma legislativa en el Congreso”. Arana añadió que presentar una acción legal contra lo que ya establece la ley “evidencia desconocimiento o uso político de la norma”. En tanto, ciudadanos cusqueños se mostraron divididos: algunos apoyaron la propuesta bajo supervisión de la Contraloría, mientras otros señalaron que el gobierno regional “no está preparado” para esa responsabilidad.
IMPACTO EN EL TURISMO
El debate se da en medio de una caída del turismo hacia Machu Picchu, que aún no recupera los niveles prepandemia. Según ComexPerú, en agosto de 2025 se registraron 160 mil 884 visitas, un 7.1% menos que en 2019. Además, el sector reporta una baja del 30% en reservas para el último trimestre del año por conflictos recientes y bloqueos en la zona. Los gremios turísticos proponen una gestión tripartita entre Cultura, Sernanp y Turismo, mientras advierten que las pugnas políticas “ponen en riesgo la imagen del Perú y su activo turístico más valioso”.
