La minería ilegal del oro en el Perú no solo está destruyendo ecosistemas como el de La Pampa, en Madre de Dios, sino que ha evolucionado en una compleja red criminal que genera más dinero que el propio Estado para combatirla.
Se calcula que esta actividad involucra a cerca de 500,000 personas y mueve más de 14 mil millones de dólares anuales, una cifra que supera el presupuesto conjunto del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa.
Este lucrativo negocio ilegal representa hasta el 4% del PBI nacional, y su expansión ha sido facilitada por recortes presupuestales al Ministerio Público, entidad clave en la lucha contra este flagelo.
Una cadena de corrupción
La minería ilegal se sostiene gracias a una estructura en la que cada eslabón, desde el financiamiento hasta la exportación, está contaminado por la corrupción. Controles en carreteras son fácilmente sorteados, documentos son falsificados, y las plantas procesadoras –sin registro oficial– operan a plena vista de las autoridades.
Se estima que un grupo de mineros necesita unos 250 mil dólares para iniciar operaciones ilegales. Este capital no viene de bancos, sino de las propias plantas procesadoras que financian nuevos frentes mineros para asegurarse materia prima.
