Juan Joel Ñaupari Salva fue asesinado en una mina de Pataz donde operan organizaciones criminales, un año después de haber sobrevivido a un atentado similar en otra operación minera. Su historia refleja no solo el drama humano de quienes buscan sustento bajo tierra, sino también la omisión de un Estado ausente y una gestión pública incapaz de enfrentar el avance del crimen.
“No tenía hijos, pero era el principal sustento de su familia. Ahora no tienen dinero ni para traer su cuerpo”, cuenta entre lágrimas una de sus familiares, quien también denuncia la falta de respuesta inmediata por parte de la minera y la Policía. El asesinato de Ñaupari vuelve a poner bajo la lupa la operación minera en Pataz, una provincia con más de 76 mil habitantes donde, paradójicamente, los millones en ingresos por canon minero no se reflejan en desarrollo ni seguridad.
CIFRAS
Entre 2019 y 2024, La Libertad recibió aproximadamente 220 millones de soles cada año por concepto de canon y regalías mineras. De ese monto, un tercio corresponde solo a Pataz, lo que equivale a cerca de 73 millones de soles anuales. En los últimos seis años, esta provincia ha acumulado alrededor de 500 millones de soles. Sin embargo, hay más de 100 proyectos de saneamiento paralizados, varios de ellos en distritos como Parcoy y Tayabamba.
El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, reconoció haberse enterado del secuestro de 13 trabajadores mineros a través de la prensa local. Entre el 17 y el 29 de abril, la Policía Nacional desplegó 850 agentes policiales y militares en la zona. Hoy se anuncia un aumento a más de 1,000 efectivos, junto con unidades de élite especializadas en crimen organizado. Pero la realidad no cambia: Pataz solo cuenta con cuatro comisarías para enfrentar una red criminal cada vez más violenta.
