Si el Tribunal Constitucional (TC) confirma la ponencia del magistrado Ernesto Blume sobre la prescripción de deudas tributarias el Estado dejaría de cobrar 11 000 millones de soles de deudas en litigio y la capacidad de fiscalización tributaria a las grandes empresas se vería debilitada, según el abogado Marcial Rubio.
El especialista explicó que una sentencia del Tribunal Constitucional se debe cumplir de forma obligatoria por todos los jueces y tribunales a nivel nacional, por lo que, si se decreta la inconstitucionalidad del citado decreto, los plazos para cobrar la deuda tributaria de las grandes empresas empezarían a correr, incluso antes que esta haya sido determinada.
Los beneficiarios directos de la sentencia sería aproximadamente 158 empresas, que dejarían de tributar prácticamente de manera inmediata de proceder la confirmación.
El TC debatirá la ponencia presentada por Blume el 22 de setiembre. Blume, planteó declarar la inconstitucionalidad de la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1421, por pedido del Colegio de Abogados de la Libertad.
