En el primer día del estado de emergencia por el coronavirus, los Efectivos Policiales y las Fuerzas Armadas recorrieron las calles para intentar contener y restringir la libre movilidad de los peruanos. Sin embargo, miles de ellos no cumplieron con el aislamiento social obligatorio, lo que ocasionaría una falta de proceso penal.
En ese sentido, muchos incumplieron con el decreto supremo presidencial porque solo se podía salir de casa para abastecerse de alimentos, comprar medicinas, visitar a un enfermo, acudir a entidades financieras, transportar gasolina y transitar si trabajas en algún medio de comunicación o central de atención.
Ante esta situación, el penalista Luis Lamas Puccio, afirma que la falta de los ciudadanos podría verse envuelto en un proceso de carácter penal. La pena mínima sería de 6 meses y la máxima de dos años.
