La empresa Galaga confirmó su intención de volver a participar en el proceso de contratación de la ONPE para el traslado de material electoral durante la segunda vuelta presidencial, pese a las críticas y cuestionamientos surgidos tras los retrasos registrados en la distribución de equipos y material durante la primera jornada electoral del pasado 12 de abril.
El abogado de la empresa, Cristian Castillo, aseguró que Galaga no incumplió el contrato firmado con la Oficina Nacional de Procesos Electorales y responsabilizó directamente a la ONPE por no haber entregado a tiempo los materiales que debían ser transportados. Según indicó, la compañía tenía disponibles más de 500 camiones listos para operar, pero gran parte permaneció vacía debido a la demora en la entrega de los bienes electorales.
“Nosotros no tenemos ningún impedimento técnico, jurídico ni moral para participar nuevamente”, afirmó el abogado, quien además sostuvo que no existe ninguna prueba fiscal o judicial que comprometa penalmente a la empresa. Castillo señaló que las investigaciones actuales apuntan a presuntas irregularidades internas dentro de la ONPE y no a actos cometidos por Galaga durante el proceso de selección o ejecución del servicio.
Las declaraciones surgen luego de que la ONPE publicara los nuevos términos de referencia para la contratación del servicio de transporte de material electoral para la segunda vuelta. Entre las nuevas exigencias se establece que las empresas participantes deberán contar con al menos 200 camiones en Lima, de los cuales 20 deberán ser de propiedad directa de la compañía. Frente a ello, la defensa legal de Galaga aseguró que la empresa sí tiene capacidad logística para cumplir con las nuevas condiciones.
DEFENSA DE GALAGA APUNTA TAMBIÉN AL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Durante la entrevista, Cristian Castillo también cuestionó el rol del Jurado Nacional de Elecciones y sostuvo que el organismo no supervisó adecuadamente el proceso electoral de la primera vuelta. Según afirmó, el JNE debió intervenir al detectar que los materiales no estaban siendo entregados oportunamente para su traslado, situación que terminó generando retrasos en la instalación de mesas y centros de votación.
Pese a los cuestionamientos tras las elecciones del 12 de abril, la empresa insistió en que buscará competir nuevamente por la buena pro para demostrar que obtuvo el contrato anterior “de manera limpia” y que cuenta con la capacidad operativa suficiente para asumir el traslado del material electoral en la segunda vuelta.
