La migración venezolana en el Perú continúa siendo uno de los fenómenos sociales más importantes de la región. Miles de personas dejaron su país en busca de estabilidad, seguridad y mejores oportunidades, enfrentando procesos complejos para reconstruir sus vidas lejos de casa.
Yoselin Guevara, ciudadana venezolana de 33 años, llegó al Perú hace ocho años. Como muchos migrantes y refugiados, atravesó un camino difícil tras dejar su hogar, pero encontró en ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, un respaldo clave para retomar su vocación vinculada al derecho y aportar a la sociedad peruana. Según su testimonio, el apoyo recibido le permitió reconectarse con su formación profesional y brindar orientación legal sobre derechos a otras personas que atraviesan situaciones similares.
El trabajo de ACNUR en el Perú se desarrolla de manera articulada con instituciones del Estado, principalmente con la Cancillería, la Comisión Especial para los Refugiados y la Superintendencia Nacional de Migraciones. De acuerdo con Cristian Carrillo, representante adjunto de ACNUR en Perú, la organización acompaña procesos relacionados con la recepción de solicitudes de refugio, documentación de personas refugiadas y acceso a servicios esenciales.
ACNUR IMPULSA PROYECTOS DE SALUD, EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN COMUNITARIA
Además de la orientación legal, ACNUR brinda apoyo en salud, acceso al empleo y espacios de protección en Lima. La organización también ha impulsado proyectos comunitarios junto a municipalidades. Según lo informado, el año pasado se realizaron 17 proyectos de infraestructura y equipamiento en centros de salud, colegios, parques y espacios comunitarios, con el objetivo de descentralizar servicios y acercarlos a la población vulnerable.
Actualmente, el Perú alberga a más de 1,6 millones de ciudadanos venezolanos que se vieron obligados a salir de su país. Estudios del Banco Mundial y ACNUR señalan que la integración de esta población puede representar una oportunidad para el desarrollo nacional: por cada sol invertido, se podría recuperar casi tres soles en beneficios económicos, lo que refuerza la importancia de promover políticas de inclusión, regularización y acceso a derechos.
