Una visita inopinada del presidente José Jerí al penal Ancón I, junto a autoridades policiales, dejó al descubierto serias falencias en el sistema de control de internos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La intervención tenía como objetivo ubicar a un recluso sindicado como cabecilla de una banda dedicada a la extorsión de transportistas en Lima norte, cuyos cómplices fueron capturados recientemente.
Lo que debía ser una diligencia rápida se complicó debido a la información desordenada y confusa consignada en cuadernos manuscritos. Los registros no coincidían con la ubicación real del interno, lo que obligó incluso a las propias autoridades policiales a revisar, sin éxito, los documentos disponibles en los pabellones.
La incomodidad del presidente Jerí fue evidente durante la inspección, al constatar que los datos consignados en el sistema informático no coincidían con los registros físicos ni con la presencia real del interno. Tras varios minutos de búsqueda y contradicciones, se confirmó finalmente que el recluso había sido trasladado al penal de Challapalca, en Tacna, el pasado 4 de enero, información que no estaba disponible de manera inmediata porque se encontraba en una oficina sin acceso.
GRAVE DESORDEN ADMINISTRATIVO
La situación evidenció un grave desorden administrativo dentro del Inpe, al punto de que una trabajadora sugirió consultar a los propios internos para obtener información. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que se levantó un acta tras lo ocurrido y no descartó investigaciones administrativas. El episodio dejó en evidencia profundas carencias en el sistema penitenciario, especialmente en contextos vinculados al crimen organizado y la extorsión.
