El gremio de transporte urbano de Lima y Callao anunció un cambio en la fecha de su jornada de protesta: la paralización que estaba prevista para el jueves 15 se adelantó al miércoles 14 de enero. La medida involucrará a más de 22 mil unidades, pertenecientes a unas 350 empresas y cerca de 400 rutas, que suspenderán sus servicios en rechazo a la inseguridad y a los continuos ataques extorsivos contra el sector.
La confirmación fue realizada por los propios dirigentes tras una conferencia pública, en la que reiteraron que la movilización se mantiene firme pese a las reuniones sostenidas con el Poder Ejecutivo. Los transportistas sostienen que, aunque se han abierto espacios de diálogo, no existen hasta ahora acciones preventivas eficaces que frenen la violencia que enfrentan a diario conductores y propietarios de flotas.
Reclamos al Gobierno y críticas a las medidas de seguridad
Durante estas coordinaciones, el presidente José Jerí, acompañado por el ministro del Interior y representantes de la ATU, se trasladó a San Juan de Lurigancho para escuchar a los gremios del transporte urbano. En ese encuentro, según lo recordado por Héctor Vargas, el mandatario recibió propuestas legislativas del sector, entre ellas la creación de un grupo élite especializado para combatir a las redes de extorsión que operan en Lima y Callao.
Sin embargo, Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, cuestionó que el Gobierno no haya logrado anticiparse a los ataques criminales y calificó como insuficientes algunas decisiones adoptadas, como la restricción de dos personas en una motocicleta, a la que describió como una “ilusión” frente a la magnitud del problema. En ese contexto, los gremios ratificaron que la paralización del 14 de enero seguirá adelante como una señal de presión ante la falta de resultados concretos.
