Desde este mes, miles de familias en Lima y Callao sentirán un nuevo impacto en su economía doméstica. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) confirmó el incremento en la tarifa del agua potable tras la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1620, una medida que, según expertos, genera cuestionamientos por la falta de información clara sobre el destino de los recursos recaudados.
El aumento fue aprobado para elevar los ingresos de las empresas prestadoras de saneamiento, con el argumento de mejorar la sostenibilidad del servicio. Sin embargo, Carlos Zúñiga, representante de la Asociación de Consumidores Elegir Perú, advirtió que para la mayoría de ciudadanos este reajuste representa un golpe directo al bolsillo. “El Estado debió ser más responsable y estratégico para que esta implementación no duela tanto y tenga una justificación real”, señaló.
Según la Sunass, los usuarios domésticos que consumen en promedio 16 mil litros de agua al mes pagarán alrededor de 7.70 soles adicionales. En la práctica, un recibo que antes bordeaba los 50 soles ahora alcanzará los 57.70. No obstante, aún no se ha precisado cómo afectará el alza a quienes consumen menos o más agua, ni cuáles serán los mecanismos de compensación para los hogares más vulnerables.
IMPACTO TRIPLE Y DUDAS SOBRE EL USO DEL DINERO
Zúñiga alertó que el incremento no solo recaerá en los recibos de los hogares, sino que también afectará al sector público y privado. Esto podría traducirse en mayores costos operativos para las instituciones del Estado y, eventualmente, en un aumento de impuestos o precios en comercios e industrias, generando un impacto económico indirecto en los ciudadanos. Además, recordó que la Sunass ha señalado que todo reajuste tarifario debe estar ligado a mejoras concretas, algo que aún no se evidencia pese a las brechas de acceso al agua que persisten.
El reajuste tarifario alcanzará hasta un 12 % para hogares sociales y domésticos, y hasta un 20 % para usuarios no residenciales como comercios, industrias y entidades públicas. La medida no se limita a Lima y Callao, ya que también se aplicará a 31 empresas prestadoras de servicios de saneamiento a nivel nacional, entre ellas Sedapar en Arequipa.
