24 Horas Edición Central

04/12/2025

La Molina: niños no reciben terapia tras decisión municipal de revocar licencia a instituto para desarrollo infantil

La revocatoria de la licencia de funcionamiento al instituto ARIE dejó a cerca de mil pacientes sin atención. Familias denuncian retrocesos en la salud de los menores.




“Hola, yo soy Albert, tengo ocho años y parálisis cerebral y hoy vengo a decir que el alcalde Diego Uceda abra ARIE”. Con este pedido, el pequeño rompió el silencio para exigir la reapertura del centro donde recibía terapias hasta que la Municipalidad de La Molina revocó la licencia de funcionamiento del instituto. Desde entonces, él y cientos de niños dejaron de acceder a los tratamientos indispensables para su desarrollo.

De acuerdo con Johanna Susffalich, gerente general del Instituto ARIE, la institución —sin fines de lucro y autorizada por el Ministerio de Salud— lleva un mes con su sede cerrada debido a una decisión municipal que responde a un conflicto legal por la cesión en uso del terreno. La representante explicó que el caso se encuentra judicializado desde mayo, pero aun así el municipio revocó la licencia el 1 de noviembre, pese a que el proceso aún no ha concluido.

La suspensión del servicio ha provocado efectos inmediatos en la salud de los menores. Luz Chama, madre de Albert, relató que su hijo ha empezado a presentar calambres, mayor rigidez y dificultades para movilizarse, signos de un preocupante retroceso. “Es un dolor muy grande ver cómo nuestros niños, que habían avanzado con tanto esfuerzo, ahora vuelven a retroceder”, expresó con indignación y angustia.

MUNICIPIO SE PRONUNCIA

Desde la Municipalidad de La Molina, el abogado Wilber Medina aseguró que el contrato de cesión de ARIE venció en mayo de 2025, por lo que el municipio está recuperando una propiedad de su titularidad. Según afirmó, la revocatoria de la licencia responde al fin del uso legal del terreno. Mientras tanto, en medio del litigio, cerca de mil niños con distintas discapacidades permanecen sin terapias y sin una institución del Estado que intervenga para garantizar su derecho a la salud y continuidad en sus tratamientos.


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