En medio de una nueva jornada de tensión en el sistema penitenciario, trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) denunciaron que solo dos establecimientos a nivel nacional cuentan con escáneres corporales operativos, por lo que en la mayoría de penales las requisas continúan realizándose de manera manual. Esta situación, advierten, facilita el ingreso de objetos prohibidos como celulares, chips, armas blancas y otros elementos que comprometen la seguridad interna.
Déficit de personal y servicios detenidos
Según el Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios, más de 11 mil servidores del INPE mantienen una huelga indefinida en los 69 penales del país. La paralización afecta diversos servicios y, de acuerdo con los manifestantes, tiene como origen un problema arrastrado durante años: la falta de personal, la ausencia de equipamiento básico y la precariedad de las comunicaciones dentro de los recintos, donde incluso no se cuenta con radios para coordinar situaciones de riesgo.
Los trabajadores sostienen que la precariedad del sistema es uno de los motivos por los que continúan registrándose hallazgos de objetos prohibidos en los establecimientos penitenciarios. Señalan que, sin tecnología adecuada ni suficiente personal, las requisas se vuelven insuficientes y la capacidad de respuesta frente a emergencias se ve seriamente limitada.
Para la tarde de este jueves está prevista una reunión entre representantes sindicales y el ministro de Justicia, Walter Martínez. El levantamiento de la huelga dependerá de los acuerdos alcanzados en esa mesa de diálogo. En tanto, el Ministerio de Justicia difundió un comunicado calificando la medida como un fracaso y recordando que el Ministerio de Trabajo declaró la paralización improcedente, aunque evitó pronunciarse sobre las deficiencias estructurales que motivan la protesta y la falta de funcionarios en el sistema penitenciario.
