El Poder Ejecutivo oficializó este viernes la modificación del estado de emergencia que rige en varias regiones del país, con la incorporación de nuevas disposiciones orientadas a reforzar la seguridad ciudadana y mejorar el control en los centros penitenciarios. Entre las principales novedades destaca la participación de cadetes de último año —tanto de escuelas de oficiales como de suboficiales— en labores de apoyo dentro de las comisarías, con el fin de fortalecer las operaciones en zonas de alta incidencia delictiva.
Polígrafo, restricciones en cárceles y apagones en celdas
El decreto también establece la aplicación obligatoria del polígrafo a los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), como parte de un proceso de evaluación de integridad y veracidad en sus funciones. En paralelo, se dispuso una modificación en el régimen de visitas: los internos del régimen cerrado ordinario podrán recibir una visita semanal, mientras que aquellos del régimen cerrado especial lo harán cada quince días. Además, se ordenó limitar el uso de electricidad dentro de las celdas, permitiendo iluminación únicamente durante las horas de descanso, junto al desmontaje de antenas de telecomunicaciones ilegales.
Otra de las medidas relevantes es la implementación de operativos simultáneos en diversas regiones del país, que estarán apoyados por tecnología avanzada. A partir de ahora, las acciones policiales contarán con cámaras, drones y también con asistencia satelital para identificar zonas de alto riesgo y facilitar la captura de organizaciones criminales. Estas herramientas serán utilizadas de manera coordinada entre la Policía Nacional del Perú y las fuerzas del orden en Lima, Callao y otras provincias con altos índices de criminalidad.
Finalmente, la Policía Nacional ha solicitado al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) que coordine con las empresas operadoras para cortar las líneas asociadas a chips vendidos de manera informal. Esta disposición busca frenar el mercado negro de tarjetas SIM en puntos críticos como galerías y mercados del Cercado de Lima, donde se detectó la participación de módulos vinculados a operadoras que comercializaban de forma irregular.
