Las extorsiones contra transportistas en Lima y Callao han alcanzado niveles alarmantes: tanto formales como informales son amenazados por múltiples bandas criminales, incluso hasta por cinco al mismo tiempo. Según cifras de la Policía Nacional, de enero a julio de 2025, al menos 65 conductores fueron asesinados por no someterse a los pagos ilegales o, incluso, pese a cumplir con ellos.
Ante este panorama, la unidad gremial del transporte urbano anunció que más de 460 empresas apagarán sus motores este jueves en protesta contra la inseguridad. “Hemos tenido dos mesas en el Congreso, pero siguen matando a nuestros choferes y atentando contra nuestros pasajeros. El Gobierno no nos da respuesta”, señaló Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas.
Los gremios exigen la convocatoria a un Consejo de Estado que trace una estrategia nacional contra la criminalidad, o en su defecto, el nombramiento de un “zar” de la seguridad ciudadana. “Necesitamos liderazgo, alguien que asuma la responsabilidad y coordine entre las instituciones del Estado”, pidió Manuel O’Diana, vocero de la Unidad Gremial del Transporte Urbano.
NO HAY RESPALDO TOTAL
La paralización no contará con el respaldo total del sector. Martín Ojeda, representante de cinco gremios que agrupan a 150 empresas, precisó que alrededor de 15 mil unidades seguirán operando. Aunque cuestionó intereses políticos detrás del paro, reconoció que más del 80% de las empresas formales están siendo extorsionadas y que, de persistir la indiferencia del Gobierno, no descartan sumarse a una medida.
