La segunda sesión de la mesa de trabajo convocada por el Ejecutivo para abordar la problemática de la minería informal culminó sin acuerdos claros, generando incertidumbre sobre el futuro de los operativos de interdicción. La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN) exigió que los mineros en proceso de formalización no sean objeto de acciones policiales, pese a que muchos de ellos operan sin cumplir las normas vigentes.
“El planteamiento es claro: se deben suspender las interdicciones para quienes están inscritos en el REINFO. No aceptaremos que se nos trate como ilegales”, sostuvo Máximo Franco Bequer, presidente de CONFEMIN. Según esta organización, los más de 80 mil mineros registrados en el proceso de formalización no deberían ser intervenidos, a pesar de que un sector continúa infringiendo la ley.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, aseguró que los operativos contra la minería ilegal continuarán. No obstante, evitó precisar si se respetará la condición exigida por CONFEMIN. “Hemos concluido unánimemente que las interdicciones deben seguir contra cualquier actividad ilegal”, afirmó, dejando abierta la interpretación sobre quiénes serán finalmente intervenidos.
EJECUTIVO DA MARCHA ATRÁS
Otro punto crítico es la posible marcha atrás del Ejecutivo en su decisión de excluir a 50 mil mineros del REINFO por no cumplir con los requisitos. CONFEMIN solicitó la creación de una subcomisión para revisar estas exclusiones y permitir que los afectados puedan reinscribirse. El plazo para presentar recursos de reconsideración vence este lunes 21 de julio, pero desde el Gobierno advierten que este trámite no garantiza un reingreso automático al registro.
