El Tribunal Constitucional (TC) decidió ampliar por cinco años el plazo para que el Estado peruano solucione el hacinamiento crítico en los establecimientos penitenciarios del país. La medida, solicitada por el Ministerio de Justicia, fue adoptada el último viernes y permitirá que la ejecución de la sentencia que declaró un “estado de cosas inconstitucional” se mantenga abierta hasta el año 2030.
Originalmente, el TC había dispuesto que el problema debía resolverse hasta este martes 27 de mayo de 2025. Sin embargo, tras la solicitud del Ejecutivo, se estableció un nuevo cronograma que obliga al Ministerio de Justicia y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a presentar informes anuales, cada mes de enero, con avances documentados sobre la aplicación de la Política Nacional Penitenciaria.
La decisión del Tribunal Constitucional también advierte que, en función a estos informes, se adoptarán medidas adicionales si se detectan retrasos o falta de cumplimiento. El objetivo es garantizar que el deshacinamiento carcelario avance de manera efectiva y que no se prolongue el estado de vulneración de derechos fundamentales dentro de los penales.
ALTOS NIVELES DE HACINAMIENTO
Cabe recordar que, de no cumplirse el mandato en 2025, el Tribunal Constitucional había dispuesto el cierre de seis penales con los niveles más altos de hacinamiento, como los de Chanchamayo, Jaén, Callao, Camaná, Abancay y Miguel Castro Castro, algunos de los cuales superan el 500 % de su capacidad instalada.
