La presidenta de la República, Dina Boluarte, atraviesa su momento más complicado en el ámbito político y legal. En solo dos días, la Fiscalía de la Nación presentó cinco nuevas denuncias constitucionales en su contra ante el Congreso, sumando así un total de 24 procesos acumulados en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Las imputaciones abarcan una serie de presuntos delitos que van desde enriquecimiento ilícito y colusión agravada hasta encubrimiento personal y omisión de funciones.
Una de las denuncias más recientes está vinculada al caso de las cirugías estéticas, donde la Fiscalía acusa a Boluarte de no informar al Consejo de Ministros ni al Congreso sobre su inhabilitación física temporal. Esto habría significado un abandono del cargo y una omisión de funciones. Según el abogado penalista Julio Rodríguez, si bien el hecho es reprochable, la pena sería menor a dos años, lo que le resta gravedad penal al caso.
Asimismo, otra denuncia apunta a la presunta protección que la mandataria habría brindado a Vladimir Cerrón, líder prófugo de Perú Libre. Se le acusa de encubrimiento personal, y también figura en esta carpeta el exministro del Interior Juan José Santiváñez por omisión de denuncia. A esto se suman acusaciones por un presunto incremento irregular de su patrimonio desde 2021 y por colusión agravada cuando era ministra, en beneficio de un proveedor cercano a su entorno familiar.
PIDEN PRONUNCIAMIENTO DEL TC
Estas nuevas denuncias se suman a las ya existentes, entre ellas la que la responsabiliza por las muertes ocurridas durante las protestas sociales en 2022 y 2023. Ante este panorama, diversos especialistas coinciden en la urgencia de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la demanda competencial para definir el alcance de las investigaciones fiscales. Mientras tanto, la imagen de la presidenta continúa deteriorándose en medio de una creciente crisis institucional.
