Han pasado más de siete días desde que la presidenta Dina Boluarte anunció que toda motocicleta con dos pasajeros sería intervenida y enviada al depósito. Sin embargo, en zonas como Huaycán y Santa Anita, las imágenes demuestran que dicha disposición no se cumple. A pesar de la prohibición, motos con dos personas a bordo siguen transitando libremente, incluso en algunos casos, los infractores se burlan de la norma frente a las cámaras.
Una de las situaciones más preocupantes se registró en Huaycán, en Ate Vitarte, donde un delincuente arrojó un explosivo frente a la vivienda de un comerciante y huyó en una moto conducida por su cómplice, violando la prohibición presidencial. Este hecho forma parte de una ola de extorsiones que afecta a la zona, donde el principio de autoridad parece haberse diluido por completo ante la inacción de las fuerzas del orden.
Durante un recorrido por diversas calles, se pudo constatar la circulación constante de motos con dos ocupantes, sin presencia de operativos policiales, pese al anuncio oficial. Edwin Derteano, presidente de Transitemos, cuestionó la legalidad y eficacia de la medida, calificándola como improvisada e inconstitucional. “No hay reglamento ni sanciones claras. Todo queda en el discurso”, señaló.
MANOTAZO DE AHOGADO
Para Derteano, lo anunciado por el Ejecutivo no es más que un “manotazo de ahogado”. Asegura que, sin estrategia ni inteligencia operativa real, este tipo de decisiones no hacen más que debilitar aún más la ya deteriorada autoridad del Estado. Mientras tanto, la población sigue expuesta a la delincuencia y la informalidad, en un país donde las palabras del más alto mando parecen no tener mayor peso en las calles.
