El Congreso aprobó en primera votación un proyecto de ley que permite que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser condenados por delitos graves como sicariato, extorsión y secuestro. Sin embargo, esta iniciativa ha generado preocupación entre expertos en derechos humanos y el sistema penal.
Francisco Náquira Cornejo, director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), advirtió que esta norma es inviable, ya que los centros penitenciarios de adultos no cuentan con la infraestructura adecuada para albergar a menores de edad.
Por su parte, el abogado penalista Luis Lamas Puccio señaló que este tipo de normas generan una falsa expectativa en la población sobre la solución a los problemas de inseguridad ciudadana. "Se cree que todo se soluciona con la ley, pero esto solo profundiza la crisis institucional", explicó.
SE APLICARÍA A PRÓXIMAS INFRACTORES
De aprobarse esta norma en segunda votación, se aplicaría únicamente a los próximos infractores, ya que, según información proporcionada por el Pronacej, más del 65% de los internos en centros juveniles son mayores de edad, y la ley no afectaría a la población actual.
