El paro nacional de transportistas, programado para el 10 de octubre, ha sido confirmado por diversos gremios del sector. Esta paralización durará al menos 72 horas y se llevará a cabo en todo el país, con el objetivo de presionar al gobierno de la presidenta Dina Boluarte para que tome medidas efectivas frente a la creciente ola de extorsiones y el sicariato que afecta a los trabajadores del transporte.
Los transportistas han exigido, como condición para suspender el paro, el archivo del proyecto de ley que establece el delito de terrorismo urbano, así como la derogatoria de la ley sobre crimen organizado que actualmente está vigente. Estas leyes han generado preocupación en el sector, que teme que puedan ser utilizadas para criminalizar su actividad.
Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas M1 y M2, afirmó que incluso los gremios que, como el liderado por Martín Valeriano, habían manifestado su intención de no participar en el paro, se unirán a la manifestación. Esto indica un amplio consenso en la demanda de soluciones urgentes por parte del gobierno.
APOYO DE OTROS SECTORES
Además, otros sectores económicos, como los empresarios de Gamarra, también han anunciado su apoyo a la paralización, subrayando la magnitud del descontento. Los líderes del movimiento han exigido una reforma integral del sistema de justicia que garantice el cumplimiento de las leyes y ponga fin a la impunidad que actualmente prevalece en el país.
