Ante las numerosas denuncias de asaltos y otros hechos de inseguridad en servicios de taxis por aplicativo, la regulación de estas empresas ha sido transferida al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Sin embargo, esta medida ha generado preocupación entre los 70 mil taxistas formales de Lima, quienes consideran que esta decisión debilita a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), entidad encargada de su fiscalización.
Por este motivo, los taxistas formales llegaron al MTC para solicitar al Ejecutivo que no promulgue la ley aprobada por el Congreso. "Según el proyecto solamente le pide que tenga su placa particular su brevete particular y que la ATU no lo fiscalice", dijo Román Fernández, secretario general del Sindicato de Taxi Amarillo.
ESPECIALISTA OPINA
Luis Quispe Candia, presidente de ONG Luz Ambar, señaló que el proyecto de ley tiene aspectos tanto positivos como negativos y que debería ser observada o, en todo caso, perfeccionada para que la ATU pueda seguir desempeñando un papel en las labores de fiscalización.
