Un aparente conflicto social parece cocinarse en el marco de la construcción del Anillo Vial Periférico, la megaobra que, con una inversión de 3.400 millones de dólares, pretende unir el Callao con San Luis interconectando a su paso la Panamericana Norte y Sur y la carretera Central.
La construcción del Anillo Vial Periférico, adjudicada el último 4 de abril a un consorcio español, requiere la expropiación de 2.465 inmuebles. Este es el centro del problema. Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ha trazado un plan para la expropiación de dichos inmuebles y el pago de un monto superior al mercado para las personas cuyas casas se interpongan con el trazo de la nueva vía rápida.
Hasta el momento son 215 inmuebles los que ya han sido adquiridos por el Gobierno a lo largo de los distritos de San Juan de Lurigancho e Independencia. Sin embargo, Johany Gonzales, presidenta de la Asociación de Propietarios Afectados por el proyecto Anillo Vial Periférico Lima Callao, manifiesta que el Ministerio está tratando de imponer su voluntad sin escuchar a los involucrados.
En su presentación en la Comisión de Defensa al Consumidor, el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, aseguró que es imposible cambiar el trazo de la vía y que necesitará definitivamente la voluntad de los involucrados para poder avanzar.
¿CONFLICTO SOCIAL?
Recordemos que en sus últimos reportes mensuales, la Defensoría del Pueblo ha declarado esta disputa como una posibilidad de conflicto social si es que no se llega a un diálogo que garantice el bienestar tanto de los vecinos involucrados como del proyecto.
